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El delito de estafa, regulado en el Código Penal español, consiste en engañar a alguien para obtener un beneficio económico en perjuicio de otra persona. Las penas varían según el valor defraudado, desde multas hasta prisión de uno a ocho años en casos agravados. La ciberestafa, realizada a través de medios informáticos, también está tipificada como delito. Contar con una defensa legal especializada es clave para afrontar una acusación por estafa.

La mediación en la fase de ejecución de sentencia ofrece beneficios tanto para el condenado como para la víctima, promoviendo la reinserción social y la reparación del daño causado. Puede aplicarse antes o durante el cumplimiento de la pena, y permite la suspensión o sustitución de la condena en ciertos casos. Esta herramienta facilita acuerdos simbólicos que ayudan a restaurar el equilibrio emocional de las partes y agilizan el proceso judicial.

Recibir una citación judicial implica la obligación de asistir al juzgado en la fecha indicada para evitar sanciones. Existen diferentes tipos de citaciones según el motivo: por delitos leves, procedimientos abreviados o como testigo. Dependiendo del caso, puede ser obligatoria o recomendable la presencia de un abogado. No comparecer puede acarrear multas de hasta 5.000€ e incluso la búsqueda y captura en situaciones graves.

La prescripción de un delito es el proceso legal mediante el cual, tras un tiempo determinado, se extingue la responsabilidad penal del imputado. Según el Código Penal español, los plazos varían según la gravedad del delito: 1 año para delitos leves, 5 años para menos graves y hasta 20 años para los más graves. Sin embargo, algunos delitos, como los de lesa humanidad o terrorismo con víctimas mortales, nunca prescriben. Es importante conocer estos plazos para ejercer correctamente los derechos legales.

La presunción de inocencia es un derecho constitucional que garantiza que toda persona acusada de un delito sea considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante pruebas válidas en un juicio. Este principio, reconocido en España y a nivel internacional, protege al imputado de la obligación de probar su inocencia, siendo la parte acusadora la responsable de aportar pruebas de culpabilidad. La violación de este derecho puede invalidar el proceso judicial.

Si recibes una citación judicial, es obligatorio atenderla para evitar sanciones. Puede llegarte por carta, telegrama o en mano, e indica la fecha, hora y motivo de la comparecencia. Es recomendable consultar con un abogado penalista para entender el procedimiento y preparar tu defensa. No acudir puede generar multas o incluso detención en ciertos casos.